En los últimos años, en España se ha producido un aumento notable de las sanciones administrativas, tanto en número como en cuantía. Esta tendencia, si no se matiza con criterios de proporcionalidad, puede generar situaciones de verdadera injusticia.
Aunque el Estado tiene la facultad legal de establecer y aplicar normas sancionadoras, no todo vale en materia de multas administrativas. En muchos casos, el importe mínimo previsto por la ley puede resultar absolutamente desproporcionado, incluso tras aplicar los criterios de graduación.
Por fortuna, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2025 ha clarificado el alcance del principio de proporcionalidad previsto en el artículo 29.4 de la Ley 40/2015. Dicho artículo, abre la puerta a que tanto la Administración como los tribunales puedan imponer sanciones inferiores a las inicialmente previstas, cuando concurran determinadas circunstancias.
Un ejemplo claro: multas medioambientales con importes desorbitados
La Ley 16/2015 de Protección Ambiental de Extremadura fija sanciones en materia de impacto ambiental que pueden alcanzar cifras muy elevadas:
- Infracciones muy graves: de 240.401 € a 2.404.000 €
- Infracciones graves: de 24.001 € a 240.400 €
- Infracciones leves: hasta 24.000 €
En algunos casos, el mínimo previsto para una sanción grave puede resultar excesivo si se tienen en cuenta las circunstancias concretas del caso. Es ahí donde entra en juego el principio de proporcionalidad.
¿Qué dice el artículo 29.4 de la Ley 40/2015?
La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 29.4:
“Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.”
Este principio permite ajustar la sanción al caso concreto, pero hasta ahora no siempre se había aplicado de forma homogénea. La sentencia del Tribunal Supremo del 5 de junio de 2025 interpreta dicho artículo.
¿Qué resuelve la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2025?
El caso enjuiciado
Una ciudadana solicitó la legalización de una piscina construida por su cónyuge en el jardín de su vivienda, dentro de una zona arqueológica protegida. Aunque el área tenía el grado de protección más bajo, la Consejería impuso una multa de 100.000 €, al considerar la infracción como grave. Curiosamente, durante todo el proceso, la propia administración autorizó la piscina.
La clave del recurso: proporcionalidad
El Tribunal Supremo admitió el recurso de casación y formuló como cuestión de interés casacional:
¿Es posible aplicar el artículo 29.4 y sancionar con la infracción inmediatamente inferior, en función de las circunstancias concurrentes?
La respuesta fue sí, y con contundencia.
¿Qué establece la sentencia?
🔹 Los jueces pueden reducir sanciones
Se reconoce expresamente que los tribunales de lo contencioso-administrativo pueden modificar o reducir la cuantía de una sanción impuesta por la Administración.
🔹 El principio de proporcionalidad es una norma general
No es una excepción ni una regla supletoria, sino una norma aplicable con carácter general en todo el ordenamiento sancionador.
🔹 El “grado inferior” incluye sanciones de infracciones menores
Se interpreta que el órgano competente puede imponer la sanción correspondiente a una infracción de gravedad inferior, si las circunstancias lo justifican.
🔹 El principio de proporcionalidad está ligado a la legalidad
Es una garantía estrechamente vinculada al artículo 25.1 de la Constitución, que exige una interpretación adecuada y motivada por parte del órgano sancionador.
¿Qué implica esto para los ciudadanos?
Esta sentencia representa un avance importante en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a sanciones desproporcionadas. Ahora, cuando una multa administrativa resulte excesiva en relación con los hechos, se puede:
- Invocar el artículo 29.4 de la Ley 40/2015
- Solicitar una aplicación proporcional de la sanción
- Pedir ante los tribunales la reducción a la infracción inferior si hay circunstancias que lo justifican
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